Con la aprobación de Ley 8/2021 de 2 de junio, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y su publicación en el Boletín Oficial del Estado un día después, en España se ha dado un importante paso hacia un enfoque más humano y respetuoso en el tratamiento de las personas con discapacidad. 

Esta ley conlleva una adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El artículo 12 de este tratado internacional proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los estados a proporcionar las medidas necesarias para que estas personas puedan ejercitarla.

En otras palabras: la reciente reforma legal transforma la manera en que se considera la capacidad jurídica de estas personas. De acuerdo al artículo 30 del Código Civil, «la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno». Así, la capacidad jurídica se posee por el mero hecho de ser persona y, por ende, no se puede limitar.

De este modo, en la actualidad, se reconoce y se respeta el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones por sí mismas, un cambio que refleja un compromiso profundo con los derechos humanos.

¿Cuáles son los cambios más notorios con esta Ley 8/2021 de 2 de junio?

Cabe señalar que la antigua ley se basaba en el concepto del «interés superior objetivo» para tomar decisiones en nombre de las personas con discapacidad, muchas de ellas por problemas de salud mental. Sin embargo, este enfoque ha sido sustituido por uno que busca interpretar lo mejor posible la voluntad de la persona, incluso en situaciones donde pueda tener dificultades para expresarse.

Es decir, brindar apoyo siempre que la persona lo necesite en actuaciones de toda índole. Pero siempre respetando la voluntad de esa persona con discapacidad. 

Por otro lado, este cambio trae consigo retos significativos. Por ejemplo, cómo interpretar situaciones excepcionales y cómo conocer realmente los deseos y la historia de vida de una persona con discapacidad. Además, los tribunales se enfrentan al desafío de crear soluciones personalizadas para cada caso, evitando decisiones genéricas.

Si quieres saber más sobre las Novedades de la Ley 8/2021 para personas con problemas de salud mental, no dejes de leer esta práctica guía redactada por María Jesús Germán y José Fernández.

Diferentes reglas en diferentes lugares

En este sentido, es interesante resaltar que esta reforma no se aplica uniformemente en todo el país. Sin ir más lejos, en la comunidad de Aragón, que tiene su propio derecho foral, las normas están sujetas a variación. No obstante, conocer en profundidad esta reforma legislativa es esencial en toda España, ya que afecta a leyes nacionales altamente relevantes.

Entonces, ¿por qué es tan importante esta nueva legislación 8/2021?

Es importante señalar que este cambio legislativo no solo responde a una cuestión legal. Representa un cambio de mentalidad en la sociedad, invitándonos a todos a adaptarnos y a entender la discapacidad de una manera más empática y respetuosa. Una muestra de evolución social, que es especialmente importante tanto para profesionales como para familias que trabajan o conviven con personas con discapacidad mental.

Conclusión: mirando al futuro con la Ley 8/2021

Estamos ante un cambio de paradigma que aún está en pleno proceso. Con el tiempo, la jurisprudencia y las prácticas legales se irán ajustando para reflejar mejor este nuevo enfoque. Mientras tanto, nos enfrentamos a un período de aprendizaje y adaptación, donde la información y la comprensión serán clave para navegar por esta nueva realidad.

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