EFE
Madrid
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) teme que «buena parte» de este colectivo pierda la tarjeta sanitaria, al no ajustarse al criterio de «asegurado» que establece el nuevo decreto de ahorro sanitario para acceder a la Sanidad pública.

Las asociaciones confiesan, en una nota de prensa, que están «preocupadas» por la reforma sanitaria y alegan que «limitar la atención a cualquier grupo social a las urgencias hospitalarias es sencillamente optar por la vía menos eficaz».

FEAFES alega que la atención en salud mental de calidad, además de mejorar los tratamientos, «supone un ahorro importante en el gasto público, puesto que a medio plazo reduce las partidas más costosas».
La entidad muestra su preocupación porque esta norma reduzca «gravemente» la calidad en la atención, vulnere derechos de las personas con discapacidad y «se abandone el carácter público y el principio de universalidad vigente hasta el momento».

Así, expresa su temor porque la nueva normativa perjudique económicamente a través del «copago» de medicamentos a las personas con enfermedades crónicas, como es el caso de muchos trastornos mentales.


«Para las personas con enfermedad mental y sus familias resulta muy preocupante la posibilidad de que buena parte de nuestro colectivo se quede fuera de las condiciones de ‘asegurado’, al no cumplir los requisitos que establece la nueva normativa», indica la plataforma, que agrega que miles de personas con trastorno mental verían así vulnerado su derecho constitucional a la salud.
Además, FEAFES teme que dicha reforma perjudique especialmente a las personas sin hogar y a los inmigrantes irregulares y precisa que, en general, las personas con trastorno mental que pertenecen a estos colectivos excluidos están sin diagnosticar.

«Los requisitos de documentación para atenderles sólo provocarán un mayor aislamiento y deterioro de unas personas que ya se encuentran en una situación muy vulnerable», asevera.
El movimiento asociativo manifiesta que el sistema actual es «aún claramente insuficiente», por lo que sostiene que es necesario completar y aumentar los servicios que se prestan a través de los distintos recursos, principalmente de las unidades de salud mental.

«Las actuaciones de las Administraciones Publicas deben dirigirse al desarrollo y mejora de esta red de servicios, no a su reducción o deterioro», concluye.

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